Un encuentro de organizaciones sociales de la Amazonía peruana responsabilizó al presidente Alan García de las decenas de muertes registradas en los últimos días en esa región.
La Cumbre Social Amazónica, realizada en la ciudad de Tarapoto, en la región norselvática de San Martín, señaló que el mandatario ordenó los actos de violencia y anunciaron denuncias ante instancias internacionales como la Corte Penal Internacional.
También declaró una semana de duelo regional por las muertes registradas el viernes y el sábado en el desalojo de una carretera bloqueada por indígenas y de una estación del Oleoducto Nor Peruano.
La reunión celebrada en el fin de semana exigió además la renuncia del gabinete ministerial encabezado por el primer ministro Yehude Simon.
La cumbre acusó a Simon, la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y el presidente del Congreso Javier Velásquez de desarrollar una campaña de desinformación para eludir la responsabilidad del presidente García.
La campaña sostiene que los hechos de violencia fueron producto de un complot extremista desestabilizador y antidemocrático que manipuló a los indígenas, en el cual están involucrados intereses extranjeros, aunque el gobierno no ha presentado ninguna prueba.
La cita de organizaciones sociales denunció al mismo tiempo la persecución desatada contra el presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango y rechazó la criminalización de las protestas.
La captura de Pizango, acusado por el ejecutivo de sedición, rebelión y otros delitos graves, fue ordenada el sábado por una jueza, tras presiones gubernamentales denunciadas y condenadas por el presidente de la Corte Suprema, Javier Villa.
El dirigente está en la clandestinidad y no se entregará ni buscará asilo en el exterior, según afirma su abogado.
La Cumbre Social Amazónica declaró por otra parte héroes a los civiles caídos que, según la cita, sacrificaron sus vidas en defensa de los derechos amazónicos y de los recursos naturales de la Nación.
Las protestas indígenas, iniciadas el 9 de abril, presionaban por la anulación de nueve decretos que estiman entregarán la selva a las transnacionales y que fueron dictados en acatamiento del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos.
El levantamiento del toque de queda de 15 horas establecido en Bagua y la localidad de Utcubamba y del estado de emergencia decretado en 130 provincias de la región selvática.
Las cumbre garantizó su participación en una Jornada Nacional de Lucha convocada para el jueves próximo por un bloque de organizaciones sociales nacionales en solidaridad con los indígenas amazónicos.
La Cumbre Social Amazónica, realizada en la ciudad de Tarapoto, en la región norselvática de San Martín, señaló que el mandatario ordenó los actos de violencia y anunciaron denuncias ante instancias internacionales como la Corte Penal Internacional.
También declaró una semana de duelo regional por las muertes registradas el viernes y el sábado en el desalojo de una carretera bloqueada por indígenas y de una estación del Oleoducto Nor Peruano.
La reunión celebrada en el fin de semana exigió además la renuncia del gabinete ministerial encabezado por el primer ministro Yehude Simon.
La cumbre acusó a Simon, la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y el presidente del Congreso Javier Velásquez de desarrollar una campaña de desinformación para eludir la responsabilidad del presidente García.
La campaña sostiene que los hechos de violencia fueron producto de un complot extremista desestabilizador y antidemocrático que manipuló a los indígenas, en el cual están involucrados intereses extranjeros, aunque el gobierno no ha presentado ninguna prueba.
La cita de organizaciones sociales denunció al mismo tiempo la persecución desatada contra el presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango y rechazó la criminalización de las protestas.
La captura de Pizango, acusado por el ejecutivo de sedición, rebelión y otros delitos graves, fue ordenada el sábado por una jueza, tras presiones gubernamentales denunciadas y condenadas por el presidente de la Corte Suprema, Javier Villa.
El dirigente está en la clandestinidad y no se entregará ni buscará asilo en el exterior, según afirma su abogado.
La Cumbre Social Amazónica declaró por otra parte héroes a los civiles caídos que, según la cita, sacrificaron sus vidas en defensa de los derechos amazónicos y de los recursos naturales de la Nación.
Las protestas indígenas, iniciadas el 9 de abril, presionaban por la anulación de nueve decretos que estiman entregarán la selva a las transnacionales y que fueron dictados en acatamiento del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos.
El levantamiento del toque de queda de 15 horas establecido en Bagua y la localidad de Utcubamba y del estado de emergencia decretado en 130 provincias de la región selvática.
Las cumbre garantizó su participación en una Jornada Nacional de Lucha convocada para el jueves próximo por un bloque de organizaciones sociales nacionales en solidaridad con los indígenas amazónicos.